Aunque aún debe pasar por el congreso y seguro que veremos ajustes, la Ley de Vivienda que propone el Gobierno ya trae medidas concretas que, en caso de implantarse, supondrán cambios en el mercado y a las que debemos prestar atención. Estas son las claves más destacadas de la propuesta del gobierno central para el mercado de la vivienda, aunque muchas de ellas deberán ser ejecutadas (y por tanto aprobadas) por los gobiernos locales y regionales:
1. Control de los precios del alquiler en las “zonas tensionadas”

Los llamados “grandes propietarios”, es decir, propietarios con más de 10 viviendas, deberán ajustar el precio de alquiler de sus viviendas al índice de referencia de la zona si esta está catalogada como Zona tensionada.

La declaración de zona tensionada se hará por una duración mínima de tres años y corre a cargo del Estado y la Comunidad Autónoma. Se calcula comparando los ingresos medios de los habitantes de la zona y el precio medio del alquiler. Éste no debe superar el 30% de los ingresos.

2. Ventajas fiscales para los propietarios por rebajas en el precio del alquiler
La propuesta habla de bonificaciones fiscales de hasta el 90% en el IRPF para los pequeños propietarios (los que tengan menos de 10 viviendas en alquiler) que bajen el precio del alquiler con respecto al contrato anterior.
3. Impuestos a las viviendas vacías

El Gobierno permitirá a los Ayuntamiento (que luego decidirán si aplicarlo o no) aumentar el IBI hasta el 150% a las viviendas vacías con el objetivo de fomentar su salida al mercado del alquiler.

Aunque no hay una definición oficial por parte del gobierno, el término Vivienda vacía el instituto nacional de estadística (INE) lo explica como “Una vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas”

4. Bonos de ayuda a jóvenes

Se activará un bono mensual de dos años para los jóvenes (de 18 a 35 años) cuyos ingresos sean inferiores a 23.725 euros. La ayuda será de 250€ y será compatible con otras ayudas directas al alquiler de las diferentes administraciones.

5. Obligatoriedad a las promotoras a destinar parte del producto a VPO y alquiler
El Gobierno central plantea a los ayuntamientos la posibilidad de obligar a los promotores a que en sus proyectos de obra nueva destinen un 30% de las viviendas a VPO y la mitad de este porcentaje al mercado del alquiler a cambio de una compensación en forma de terrenos en el municipio.