En los últimos meses se ha debatido mucho sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. El 18 de octubre se estableció que fuese el banco y no el cliente quien abonara el impuesto de las hipotecas. Un día más tarde, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo lo puso en duda. Pocas veces se han opuesto algunos jueces a la decisión del Supremo donde se entendía que puesto que es el banco el gran beneficiario de la escritura del préstamo ante notario, debería ser este quien afronte el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero se hizo evidente una separación del Tribunal Supremo, pues en la revisión , 15 magistrados votaron para volver a la situación anterior donde es el cliente quien debe afrontar el pago y 13 magistrados votaban por mantener la decisión recientemente adoptada.
De cara a la ciudadanía esta decisión perjudica al Supremo pues este cambio en la jurisprudencia abre la puerta a una desconfianza en la Justicia quedando la imagen de este Tribunal quebrantada pues parece que inclinan su decisión para beneficiar a los más poderosos: la banca.
Esta decisión ha sido tan controvertida que el Gobierno decidió, tan solo unos días después modificar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados para que sena los bancos quienes paguen ese tributo. Esto tendrá efecto desde el día 10 de noviembre, día en el que el Gobierno tomó esta decisión.
Francisco José Navarro, uno de los jueces que estaban en contra de anular la decisión de que el banco debía pagar los gastos declaró que “lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad”.

Según los jueces que votaron a favor, no es cierto que las entidades bancarias sean las únicas que se benefician de la constitución de las hipotecas.
En una hipoteca media de 150.000€ los gastos del tan discutido Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados puede superar los 3.500€, una cantidad que depende de cada Comunidad Autónoma.
Quizá lo más positivo de esta decisión es que el Congreso ha acelerado la aprobación de los contratos de crédito inmobiliario, una ley que lleva un retraso de dos años.
La Ley Hipotecaria está en trámite parlamentario y se espera que entre en vigor antes de que finalice este año 2018. Se trata de un documento complejo que ha recibido más de 200 enmiendas, una Ley que persigue dar más transparencia al mercado hipotecario español.
Los clientes no pueden reclamar los gastos anteriores pero esperemos que en las nuevas hipotecas la información sea clara para ambas partes y que la ley no deje ninguna duda sobre quién debe hacer frente a cada gasto. La reacción de la ciudadanía está dividida pues empieza a desconfiarse de la justicia y se extiende el pensamiento común de que si los bancos deben pagar ciertos gastos, estos serán repercutidos de alguna manera en el préstamo hipotecario.