Nuevo disparo de la Justicia contra la línea de flotación de las arcas públicas. El Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, acaba de poner en peligro buena parte de los ingresos que cada año entran en las arcas de las Comunidades Autónomas relacionados con el mercado inmobiliario, en concreto, con la compra, herencia o donación de una vivienda.
El Alto Tribunal acaba de echar por tierra el método utilizado para calcular dichos impuestos basado en multiplicar el valor catastral de un inmueble por un determinado coeficiente para determinar el valor real de un inmueble que, a su vez, sirve de base para calcular el impuesto a pagar por los contribuyentes. Solo durante el primer trimestre del año, los ingresos de las Comunidades Autónomas por el impuesto de transmisiones patrimoniales o TP y el de sucesiones y donaciones rozaron los 3.000 millones de euros.

La sentencia del Supremo puede mermar buena parte de estos ingresos, como ya sucedió hace un año con el dictamen del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el pago del impuesto de la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la vena de la vivienda no hubiera generado beneficio alguno para el vendedor. Como sucedió entonces, los expertos consultados por El Confidencial esperan la utilización de esta novedosa doctrina del Tribunal Supremo contra la avalancha de reclamaciones que las Comunidades Autónomas han venido realizando en los últimos años contra los contribuyentes, a los que viene reclamando en muchos casos el pago de más impuestos por la compra o herencia de una casa en base a dicho cálculo por coeficientes al entender el Supremo que "no es idóneo comprobar el valor real de inmuebles y sus efectos tributarios multiplicando el valor catastral por coeficientes".
Para que nos hagamos una idea de la relevancia de esta sentencia basta con acudir a las cifras. El año pasado se compraron en España más de medio millón de viviendas, mientras que el importe recaudado por las Comunidades Autónomas por el ITP, solamente en el primer trimestre del año, fue más de 2.000 millones de euros.

No afecta a todas las comunidades por igual

El agujero económico es imposible de cuantificar, puesto que la recaudación depende del número de transacciones, del importe de las ventas, la ubicación de las viviendas... Pero lo que sí está claro son las comunidades que sufrirán un mayor revés económico.

¿Quiénes pueden reclamar?

La sentencia afecta a miles de contribuyentes puesto que cada año se compran en España miles de viviendas, pero también afecta directamente a quienes reciben una vivienda en herencia o la reciben en donación.