Un guión policial para actuar “de manera inmediata” y resolver de manera más eficaz las ocupaciones. Pese a que los números de allanamientos y usurpaciones de viviendas “no se han incrementado de manera notoria”, según el Ministerio del Interior ―en el primer semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, frente a 7.093 del mismo periodo anterior― el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elaborado un protocolo para que los cuerpos y seguridad del Estado puedan intervenir con criterios uniformes y coordinados ante este tipo de situaciones. “Consideramos que existe una inseguridad subjetiva en la ciudadanía que también tenemos que atajar”, explican fuentes de Interior sobre la necesidad de esta instrucción.

La clave para agilizar este procedimiento, que permitirá a policías y guardias civiles acceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso flagrante, está precisamente en el concepto “flagrante”. La doctrina del Supremo, explican fuentes de Interior, contempla que la flagrancia requiera inmediatez en la acción, presencia del delincuente y necesidad urgente de intervención policial. El nuevo protocolo, que complementaría la Ley de Desalojo Exprés de 2018 que dejaba fuera las casas ocupadas en poder de los bancos, trata de disipar el mayor número de dudas en la actuación coordinada de jueces, fiscales y policías, de manera que los atestados incluyan todos los aspectos relevantes para dar una solución rápida a estas situaciones.


Testigos e inspecciones oculares

Aunque en el ministerio no quieren detallar “por seguridad” el nuevo protocolo, sí apuntan que incluye cuestiones como realizar una inspección ocular, recoger declaraciones de testigos en el lugar o adjuntar fotografías que evidencien la flagrancia. “La instrucción incluye de manera clara los elementos del allanamiento, los elementos de este tipo delictivo, para que todo agente de la autoridad pueda determinarlo con exactitud, y establece una pauta de actuación general”, añaden. En ningún momento se establece el tiempo de ocupación que permitiría la actuación policial inmediata, “no son ni 48 ni 24 horas, lo determina la flagrancia del hecho”, explican desde Interior.

Con el objetivo de “prevenir” y anticiparse a las posibles ocupaciones, la aplicación telefónica Alertcops incorporará “una funcionalidad para que cualquier usuario pueda alertar a las fuerzas de seguridad si se produce un allanamiento o usurpación de un inmueble y recogerá la información útil para las víctimas de estos delitos”, recoge un comunicado enviado por Interior.

En caso de que los ocupantes sean personas en situación de vulnerabilidad, los agentes “realizarán una actuación integral”, es decir, advertirán a los Servicios Sociales en caso de deber proceder al desalojo para encauzar que se les preste atención, sobre todo en el caso de que haya menores.